DOCUMENTO
Hemos recibido un mensaje con el documento que adjuntamos, relativo a la Memoria histórica. Ahora el PSOE quiere radicalizarla. Dice así:
MANIFIESTO POR LA HISTORIA Y LA LIBERTAD, absolutamente
válido ante la sectaria e inconstitucional nueva Propuesta de Ley de Memoria
Histórica del PSOE
Diversos medios se hacen eco estos días de la
Proposición de Ley y Memoria Democrática que el pasado día 19 de julio presentó
en el Congreso el PSOE.
Esta propuesta de norma, que modifica y complementa la
actual LMH, es, en forma y fondo, en todo similar a la presentada hace año y
medio, en la anterior legislatura, por el mismo grupo socialista. Aquella
iniciativa originó una respuesta de personas relevantes de la sociedad civil
que se materializó en un “MANIFIESTO POR LA HISTORIA Y LA LIBERTAD “.
Ese MANIFIESTO es absolutamente válido y perfectamente
aplicable a la sectaria e inconstitucional Propuesta presente. Confiamos
igualmente que en el preceptivo trámite parlamentario la misma sea rechazada
por constituir no sólo una tergiversación de la Historia sino un atentado a la
libertad.
MANIFIESTO POR LA HISTORIA Y LA LIBERTAD
No se puede imponer por una ley un único relato de la
historia, ya que ninguna ley debe o puede variar los hechos históricos. No se
debe borrar por una ley, la cultura, el sentimiento ni la memoria de un pueblo,
y menos aún por razones ideológicas. Ninguna razón moral, ni derecho
subyacente, puede primar sobre la analítica verdad de los hechos en las
circunstancias del tiempo y lugar en que estos se produjeron. La interpretación
de unos hechos, cualquiera que estos sean, no puede ceder a ninguna
manipulación política partidista. Legislar sobre la historia o contra la
historia es, simplemente, un signo de totalitarismo. Y es antidemocrático y
liberticida.
Sin embargo, en España viene perpetrándose un
inadmisible y flagrante “historicidio” desde la aprobación de la mal llamada
Ley de Memoria Histórica de diciembre de 2007.
Pese a ello, el Partido Socialista pretende ahora, en
una vuelta de tuerca más, que se apruebe una nueva y espuria “Ley de Memoria
Histórica”, con la intención de ilegalizar cualquier asociación o fundación que
sostenga puntos de vista diversos y plurales sobre los hechos acaecidos en el
último siglo de la Historia Contemporánea de España.
Con la implantación de una "Comisión de la
Verdad", amenaza con penas de cárcel, inhabilitación para la docencia y
elevadas multas a quienes mantengan opiniones divergentes a la 'verdad única',
la destrucción y quema de las obras o estudios declarados no 'gratos', y la
expropiación, destrucción o transformación de una parte del patrimonio
histórico-artístico de la etapa más reciente de España.
Tal proposición de ley ataca directamente los fundamentos de la
Constitución y los valores superiores que su ordenamiento jurídico
consagra: la libertad (de opinión, expresión, investigación y
cátedra); la justicia (solo atribuible a jueces y
tribunales); la igualdad (que impide la discriminación por
sexo, raza, religión, ideología, opinión o cualquier otra condición o
circunstancia personal o social); y el pluralismo político (ejercido
como actividad libre dentro del respeto a la Constitución). Dicha proposición
de ley, de resultar aprobada, chocaría frontalmente con la Constitución en su
redacción y espíritu.
El proyecto vulnera el principio de la verdad documentada de la historia,
como demuestra el mero hecho de que esa única versión quiera imponerse por la
fuerza del Estado, al ser incapaz de sostenerse en un debate de investigación,
serio, libre e independiente. Su capcioso velo jurídico, invocando a modo de pantalla la
dignidad de las víctimas de
solamente una parte o equiparando el franquismo con diversos regímenes totalitarios, son solo el
envoltorio sentimental y manipulador de una ofensiva contra la libertad de los
españoles, contra la democracia y contra la verdad histórica.
Estamos ante una ley de tipo soviético que no debería ser propuesta por
ningún partido, ni individuo, que respete la convivencia democrática en paz y
en libertad, que solo sirve para reabrir viejas heridas que todos creíamos ya
cicatrizadas y que, desde luego, nunca debería ser aprobada en una nación como
España.
Resultaría dramático para la convivencia de los españoles que ochenta años
después del final de la Guerra Civil, y de haber transcurrido más de cuarenta
tras la extinción del franquismo, se intente anular la libertad de pensamiento
de los españoles, y reinstalar en la sociedad los mismos odios que condujeron a
aquellos calamitosos acontecimientos.
Esta propuesta de ley debe ser rechazada con firmeza por toda la sociedad,
pues España no puede permitirse una involución hacia regímenes del tipo
implícito en la misma. La experiencia histórica no debe pasar en balde, y de ella
debemos aprender.
Los hechos históricos son hechos históricos, y los estudios e
investigaciones de los mismos deben producirse en total y plena libertad para
el debate y la confrontación abierta de las ideas, pero jamás bajo la mordaza y
el castigo penal de un estado democrático.
Y ello principalmente, porque ningún parlamento democrático ni puede ni
debe legislar sobre la Historia, pues de hacerlo, criminalizaría la Historia,
estableciendo una checa de pensamiento único, al imponerse por la fuerza y la
violencia del Estado.
Mostraron su adhesión al manifiesto
205 catedráticos, abogados e intelectuales
Tomado de la FNF (8-VIII-2019)
